Washington, 1 nov (EFE).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) subrayó hoy que la masacre ocurrida en Mapiripán, Colombia, fue un hecho pese a que en los últimos días, una testigo del caso, Mariela Contreras, se retractara de las declaraciones que hizo ante la justicia colombiana en 2002.

Contreras, que declaró ante los tribunales colombianos y más tarde ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), fue señalada en los últimos días como una de las víctimas que habrían exagerado su testimonio sobre la masacre paramilitar de Mapiripán.

Este hecho ha generado un vigoroso debate en Colombia sobre la magnitud de los crímenes cometidos, la sanción que corresponde a los responsables y las responsabilidades de la administración de justicia y de los abogados que representan a los denunciantes.

El CEJIL mostró su preocupación ante la posibilidad de que Contreras "haya manipulado el proceso a nivel nacional e internacional con declaraciones no ajustadas a la verdad" y espera que el asunto sea investigado.

"Es imprescindible dejar claro que no existe duda alguna en el ámbito interno o internacional acerca de la ocurrencia de la masacre, ni de las responsabilidades compartidas entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de las fuerzas de seguridad" al respecto, aseguró el CEJIL mediante un comunicado.

Además, el CEJIL insistió en que el Estado Colombiano asumió sus responsabilidades ante la justicia internacional por la masacre cometida en 1997 e incluyó reiteradamente en el proceso a Contreras entre los familiares de las víctimas de la masacre.

Contreras aseguró recientemente que su esposo no fue asesinado en Mapiripán y que uno de sus hijos, de quien había reportado su muerte, apareció en 2008, a pesar de que inicialmente fueron reportados como dos de las víctimas que habían sido contadas en la masacre.

La masacre de Mapiripán fue protagonizada por paramilitares, que asesinaron supuestamente a unas 50 personas y obligaron a desplazarse a otras 60 en la localidad del mismo nombre

Sin embargo, a finales de octubre pasado, tras las denuncias, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá pidió a la Fiscalía colombiana establecer la cifra real de víctimas de ese crimen.

La misma magistrada solicitó también al Ministerio de Defensa que suspendiera los pagos a los afectados por la matanza.

La fiscal general, Viviane Morales, anunció, por su parte, la apertura de una investigación a personas "que se hicieron pasar como víctimas", además de a los abogados que las representaron, con el fin de verificar cómo y cuándo "se distorsionó la verdad". EFE