El gobierno argentino investigará a las mayores petroleras instaladas en el país por presunto cobro de sobreprecios en la venta de combustible a empresas de transporte y de carga por unos 3.500 millones de pesos anuales (USD 808 millones), anunció el lunes el Ejecutivo.

Las petroleras Repsol-YPF (hispano-argentina), Esso (estadounidense), Shell (anglo-holandesa) Petrobras (brasileña) y Oil Combustibles (argentina) serán investigadas por supuesto "abuso de posición dominante en el mercado de combustibles", dijo el secretario de Transporte, Juan Schiavi, en una rueda de prensa junto al vicepresidente Amado Boudou, que contó con la presencia de varios ministros.

"El monto es de unos 3.500 millones de pesos al año. Esta cifra es enormemente grande y le da o le quita sustentabilidad a dos sistemas de transporte" (pasajeros y carga), sostuvo Schiavi, quien dijo que el Gobierno hizo la denuncia el 11 de enero ante la Comisión de Defensa de la Competencia.

Schiavi sostuvo que "el Estado decidió intervenir porque a pesar de que es una contratación entre privados, (la supuesta maniobra) afecta a todas las líneas de colectivos" (autobuses) y por ende, a millones de personas".

A su lado, el ministro de Planificación, Julio De Vido aseguró que se va "investigar en profundidad" la denuncia formulada por las cámaras de Transporte y sostuvo que existen sobreprecios de "alrededor del 30% en la provisión de gasoil a granel y en el valor del surtidor" (gasolineras).

En tanto, el vicepresidente Boudou, al mando del gobierno interinamente tras la operación de tiroides de la presidenta Cristina Kirchner, aseguró que el Gobierno "le pone la proa a los abusos de los monopolios y de los oligopolios en cualquiera de los mercados en que aparezcan".

Shell emitió un comunicado en el que rechazó las denuncias por presuntos sobreprecios y aseguró que en algunas oportunidades el valor de esa modalidad fue inferior al del combustible expendido en las gasolineras.

"Shell, como lo ha hecho siempre, cumple y cumplirá con todas sus obligaciones legales y se encuentra a disposición de las autoridades que correspondan para efectuar las aclaraciones que estas requieran, dentro del marco del estado de derecho que la obliga y tambien asiste", señala la nota.

Desde el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la actual mandataria Cristina Fernández, el gobierno protagonizó roces con Shell e incluso el fallecido ex presidente llamó públicamente a boicotear las ventas de la petrolera tras un aumento de precios.

En octubre pasado, el gobierno dispuso que las petroleras y las mineras liquiden la totalidad de las divisas provenientes de sus exportaciones en el mercado de cambios argentino, cuando antes estaban obligadas a liquidar al menos el 30%.

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