El gobierno panameño y los indígenas que rechazan la minería y las hidroeléctricas en sus territorios iniciaron un diálogo este martes, tras ocho días de violentas protestas que dejaron al menos un muerto y decenas de heridos y detenidos.

Las conversaciones se llevan a cabo bajo mediación de la Iglesia Católica en un instituto de la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí (oeste), donde más virulentas han sido las manifestaciones.

El secretario de Estado de Comunicación, Luis Eduardo Camacho, confirmó a la AFP el inicio de las negociaciones, como lo hizo la cacique Silvia Carrera, quien preside la comisión negociadora indígena, en su cuenta de la red social Twitter.

En las discusiones participan los ministros Jimmy Papadimitriu (de la Presidencia) y Jorge Fábrega (de Gobierno), y por los indígenas, además de Carrera, el dirigente de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Ngöbe-Buglé Rogelio Montezuma.

"Hemos acordado iniciar el diálogo para de esta forma iniciar un proceso que le devuelva la paz al pueblo Ngöbe-Buglé", dijo Montezuma al canal Telemetro antes del inicio de las conversaciones.

"Estamos dispuestos a dialogar de cualquier tema que venga a bien. Lo importante es que se depongan las actitudes de cierres de calles y manifestaciones. Los ánimos están más calmados y esperamos en las próximas horas volver a la normalidad", expresó por su lado a la AFP el viceministro de Gobierno, Javier Tejeira.

El obispo de Chiriquí, Jose Luis Lacunza, actúa como mediador del diálogo, al que también asisten varios diputados, entre ellos el actual presidente del Parlamento Latinoamericano, el panameño Elías Castillo.

"Lo que queremos es que ya podamos encontrar esa paz social que todos merecemos y necesitamos" en un "proceso que nos permita entendernos entre culturas y realidades", afirmó a RPC Radio el jesuita Adonaí Cortés, del equipo mediador de la Iglesia.

La etnia Ngöbe Buglé inició el 30 de enero las protestas, con bloqueos de carreteras estratégicas del país, para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comarcas.

El gobierno dice estar de acuerdo con prohibir la minería en los territorios indígenas, pero no los proyectos hidroeléctricos porque -dice- ello implicaría un sobrecosto anual de 200 millones de dólares para el Estado para suplir la demanda energética.

El domingo, las unidades antimotines desalojaron a la fuerza los bloqueos en las vías y se produjeron fuertes enfrentamientos, con el saldo de un indígena muerto y más de medio centenar de heridos y detenidos.

En las últimas horas continuaron los choques. Tres cuarteles de la Policía, varios vehículos e instalaciones han sido quemados desde que empezaron las protestas, y organizaciones que apoyan a los indígenas hablan de tres muertes, una información que el gobierno no ha confirmado ni desmentido.

Entre las vías cerradas estaba la interamericana -que comunica a Panamá y Costa Rica-, lo que dejó a cientos de personas varadas durante varios días, y se produjo desabastecimiento en distintas zonas del país, lo que deja pérdidas millonarias.

En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, urgió al gobierno de Panamá a garantizar la integridad y seguridad de los indígenas, y le señaló su "obligación de esclarecer" los hechos de violencia.

Desde Ginebra, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, exhortó a su vez al gobierno a "garantizar la seguridad" de los manifestantes y "evitar actos que afecten" su "vida e integridad".

Según Anaya, quien visitará Panamá este año, grandes proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales se han convertido en una fuente de "abuso de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo".

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