Publicidad | Vea su anuncio aquí

Informe denuncia discriminación arbitraria y violencia estatal en Chile

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- La discriminación contra sectores vulnerables y el uso excesivo de la "fuerza estatal" en las movilizaciones sociales son los principales problemas en materia de derechos humanos que afectan a Chile, según un informe elaborado por la Universidad Diego Portales y difundido hoy en Santiago.

El documento analiza la discriminación arbitraria contra grupos vulnerables, como la población indígena, las minorías sexuales o las mujeres y las niñas, situación que deja en evidencia, según sostiene, "las deudas que aún mantiene Chile con la comunidad internacional".

De acuerdo con el informe, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo pasado condenó al Estado chileno por discriminar a la jueza Karen Atala, es una muestra de que "el ordenamiento jurídico se aplica con parámetros discriminatorios".

Los tribunales chilenos le quitaron a Atala la custodia de sus tres hijas en 2004 por su condición de lesbiana.

El documento de la Universidad Diego Portales sostiene que la ley antidiscriminación, promulgada por el Gobierno chileno en julio pasado tras el asesinato de un joven homosexual, "aún no rinde sus frutos" y será objeto de análisis para futuros informes.

También expone la discriminación estructural de mujeres y niñas en Chile y critica el "escaso avance" del Gobierno del conservador Sebastián Piñera en la reducción de las desigualdades en la participación de mujeres en política.

"Tanto en la paridad en los cargos de confianza del Poder Ejecutivo como en la tramitación de la ley de cargos de elección popular, se ha vuelto a revelar una antigua realidad: la escasa participación de la mujer en política", señala en el texto Alberto Coddou, editor general de la publicación.

Un tema inédito en el informe de este año es el análisis de la situación de los refugiados en el país y del marco normativo chileno sobre la protección del refugiado de acuerdo con los compromisos internacionales.

Según el texto, la discriminación arbitraria contra los refugiados se manifiesta en la restricción al acceso a derechos básicos como el debido proceso en el procedimiento de asilo o "a derechos sociales como la salud, educación o seguridad social".

El segundo gran tema del informe es el uso de la fuerza estatal, principalmente por parte de la policía, contra la ciudadanía, un asunto que "ha adquirido notoriedad a partir de las crecientes movilizaciones en relación a diversos aspectos que aquejan a nuestro país".

En ese sentido, cita el movimiento estudiantil y otros grupos que en los últimos meses han realizado protestas por temas medioambientales o sociales.

"Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concienciar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia", plantea el informe.

Analiza también la tramitación de un proyecto de ley que endurece las penas para los detenidos en protestas callejeras y cuestiona la actual regulación administrativa de las protestas, que "sirve como fundamento para que las fuerzas del orden utilicen la fuerza policial (...) en contra de legítimos manifestantes". EFE

Publicidad | Vea su anuncio aquí

Publicidad | Vea su anuncio aquí