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Garzón desaconseja el uso de las fuerzas armadas contra el crimen en Ecuador

Quito, 15 nov (EFE).- El exjuez español Baltasar Garzón y otros dos expertos internacionales que vigilan la reforma judicial en Ecuador desaconsejaron hoy el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, una medida impulsada por el Gobierno desde finales de 2010.

Esa es una de las 38 recomendaciones incluidas en un informe preliminar que entregaron hoy a las autoridades judiciales del país, firmado por la chilena Marigen Hornkohl y el argentino Víctor Foresi, además de Garzón.

Entre ellas también está la petición de un cambio en la ley que define el delito de sabotaje, que ha sido aplicada contra indígenas que han participado en marchas contra el Gobierno, entre otros.

El informe aconseja asimismo la creación de una unidad de asuntos internos en la policía para investigar irregularidades en ese cuerpo.

Asimismo, criticó la imposición de penas "arbitrarias y excesivas" en casos de tenencia de cantidades "escasas" de estupefacientes, que es una consecuencia de las leyes en vigencia.

Para elaborar el documento los expertos internacionales se entrevistaron con representantes de varios ministerios, de la policía y con académicos, y visitaron instalaciones judiciales, universidades y prisiones.

También se reunieron con miembros de las fuerzas armadas, con quienes trataron el tema de su participación en patrullas por las calles.

Los veedores recomendaron "la no utilización de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, ni de investigación, salvo caso de fuerza mayor o situación extraordinaria, que deberían estar marcadas por ley".

El Gobierno ecuatoriano ha empleado a soldados para reforzar la seguridad interna desde finales de 2010, ante un aumento de la delincuencia.

El presidente, Rafael Correa, ha enfatizado que las fuerzas armadas no solo pueden, sino que "deben" apoyar la lucha contra el crimen.

Garzón, quien como juez investigó delitos supuestamente cometidos por militares en las dictaduras de Chile y Argentina, dijo a la prensa tras la presentación del informe que la Constitución ecuatoriana asigna misiones diferentes a las Fuerzas Armadas y a la policía.

En base a un análisis de la situación en Ecuador y otros países, los veedores concluyeron que el uso de soldados en seguridad interna "no es lo más idóneo", explicó Garzón.

No obstante, si el Gobierno de Ecuador decide mantener esas actividades, los expertos le recomendaron establecer un estatuto "que fije claramente los límites de la actuación".

El informe también propone la creación de una jurisdicción especializada para delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, dentro de la jurisdicción civil y sujeta a la Corte Nacional de Justicia.

Respecto al delito de sabotaje, el informe pide "adecuarlo a la realidad del Ecuador democrático y plural, respetando el principio de proporcionalidad de las penas y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva".

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció en mayo el uso del sistema judicial en Ecuador aparentemente para acallar críticas al Gobierno mediante el empleo de cargos "falsos" de terrorismo y sabotaje contra indígenas.

Garzón mencionó que esa ley también se ha aplicado en el caso de "diez chicos presos por sabotaje y terrorismo", en referencia a jóvenes militantes o simpatizantes del Movimiento Popular Democrático (MPD), de oposición, que están en prisión preventiva desde marzo.

El jurista recomendó cambiar la ley que tipifica el delito de sabotaje.

La ministra de Justicia, Johanna Pesántez, presente en el acto de entrega del informe, aseveró que esa norma data de 1938 y que el proyecto de ley del nuevo código penal modifica la legislación al respecto.

El informe también aconseja separar a los jóvenes de entre 18 y 22 años del resto de los internos de las cárceles, como se hace en países como España, porque a juicio de Garzón, "no son personas adultas totalmente formadas" y es más probable su rehabilitación si no tienen contacto con delincuentes reincidentes.

Pesántez afirmó que esa recomendación es "fácilmente viable" con la separación en distintos pabellones.

Los veedores internacionales presentarán su informe final sobre la reforma de la justicia el próximo diciembre. EFE

cma/jrh

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