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Penalizar a menores no reducirá crímenes en Guatemala, según organismos DDHH

Guatemala, 6 mar (EFE).- Endurecer las penas contra los menores de 18 años que cometan delitos no contribuirá a reducir la violencia en Guatemala, donde a diario son asesinadas un promedio de 14 personas, coincidieron hoy organismos de derechos humanos.

El diputado del gobernante Partido Patriota (PP), Gudy Rivera, propuso el pasado lunes al Congreso una iniciativa para que los menores de entre 14 y 17 años, que ahora son inimputables penalmente, sean juzgados como adultos si son detenidos por algún delito.

Rivera plantea reformar el artículo 8 del Código Civil para que se declare la imputabilidad de los menores de 18 años y mayores de 14, siempre y cuando un juez determine que está en capacidad de comprender las consecuencias de sus actos.

Además, propone que se aumente de 18 a 50 años, las penas de prisión contra los adultos que faciliten medios o utilicen a menores de edad para delinquir.

El diputado hizo el planteamiento luego de que la semana pasada las cámaras de seguridad de la Policía captaran en un bulevar del norte de la capital, a un "niño sicario" desenfundando una pistola automática con la que asesinó a tiros en la cabeza a un taxista.

Según el ministro del Interior, Mauricio López, los grupos delictivos se han dedicado a contratar y entrenar a menores de edad como "sicarios" debido a que la legislación guatemalteca contempla que los hechos cometidos por éstos no pueden ser procesados como delitos penales.

"La inimputabilidad penal es la principal motivación de estos grupos para implicar a los menores en todo tipo de delito, principalmente los asesinatos. Eso les permite actuar con impunidad", dijo a Efe Rodolfo Díaz de la Fundación Sobrevivientes, la cual asesora a mujeres y menores víctimas de la violencia.

La iniciativa de Rivera es considerada como "un paliativo" por opositores políticos, como Orlando Blanco, de la exgobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien asegura que la medida se impulsa ante el fracaso de la política de seguridad.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, dijo hoy a periodistas que endurecer las penas contra los menores no es un disuasivo.

En su opinión, la solución es trabajar en la prevención y no de una forma reactiva.

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Guatemala también consideró hoy que endurecer las penas en menores de edad que cometen delitos, no contribuye a reducir la violencia ni los crímenes.

Según el SNU, no se debe desviar la atención sobre el hecho de que los delitos cometidos por menores son un porcentaje bajo comparado con los de los adultos.

En los compromisos internacionales firmados por Guatemala y en la Constitución, se establece que los menores de 18 años que violen la ley, tienen el derecho a ser atendidos por instituciones para lograr su reinserción social, explica un comunicado.

En opinión del SNU, los menores en conflicto con la ley son "víctimas" de violaciones a sus propios derechos en el país por falta de oportunidades de desarrollo que se les ofrece.

Las Naciones Unidas, dice el comunicado, está dispuesta a apoyar los programas de prevención y la inversión en la niñez que sea víctima de la violencia.

La denominada Convergencia por los Derechos Humanos (CDH), que está conformada por al menos 10 organizaciones, también se oponen a endurecer las penas contra los menores y por el contrario pide que la ley sea más severa contra los adultos que utilicen a niños y adolescentes para delinquir. EFE

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