Nuevo receso en la audiencia preliminar del caso Curuguaty en Paraguay

Asunción, 24 jul (EFE).- La audiencia preliminar del caso por la muerte en un enfrentamiento de 17 policías y campesinos el 15 de junio de 2012 en Paraguay seguirá mañana tras un nuevo receso motivado por una indisposición de la jueza.

La jueza Yanine Ríos declaró un "cuarto intermedio" apenas dos horas y media después de comenzar la sesión de hoy, en la que defensa hizo exposición de sus pruebas y el fiscal, Jalil Rachid, comenzó su réplica a los alegatos de los defensores de los 12 campesinos imputados.

Por la matanza de Curuguaty, detonante de la destitución del presidente Fernando Lugo, la Fiscalía ha imputado a 12 campesinos, a los que acusó de emboscar a la Policía que acudió a desalojarlos de una finca cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del empresario y exlíder colorado Blas N. Riquelme.

Precisamente la cuestión de la propiedad de la finca centró hoy la exposición de Rachid, quien rechazó la pretensión de la defensa de pedir la nulidad de la causa hasta que no se resuelva quién es el titular de la finca donde ocurrió la matanza.

El presidente del país, Federico Franco, reiteró hoy que la tierra es del Estado y que Riquelme se la apropió y la deforestó para el cultivo de soja.

La empresa Campos Morombí de Riquelme se quedó con las tierras en 2005 por vía de usucapión, que da la titularidad de un inmueble a quien lo cuida, pero el Estado apeló esa resolución judicial y está pendiente de una decisión de la Corte Suprema.

El caso se complicó con una decisión anunciada hoy por la Fiscalía General favorable a Campos Morombí, que cuestionó la capacidad del Instituto de la Tierra para personarse en la causa en nombre del Estado, lo que previsiblemente dilatará aún más una sentencia definitiva sobre la propiedad.

Para Rachid, la defensa de los campesinos hace una interpretación que "raya en el anarquismo jurídico" al cuestionar que se les pueda acusar del delito de invasión de un inmueble cuyo titular no está determinado.

"Les guste o no hay una sentencia judicial que otorga la propiedad a Campos Morombi (...) la ley dice que la sentencia (de usucapión) sirve como título de propiedad", razonó Rachid.

El fiscal insistió en que los campesinos entraron en la finca "sin el consentimiento de nadie" y lo hicieron con violencia y clandestinidad.

"Tal fue la resistencia (a desalojarla) que provocaron la muerte de 17 personas, no sólo de policías de elite, sino de sus propios compañeros de lucha", añadió.

Rachid solicitó el rechazo de la causa de nulidad planteada por la defensa, que la semana pasada pidió el sobreseimiento de sus representados por distintos motivos, desde la falta de determinación de la propiedad de las tierras, a violaciones del debido proceso, vaguedad de las actas de imputación o pérdida de pruebas.

En total, fueron 15 los campesinos originalmente imputados por Rachid, que pidió el sobreseimiento de tres de ellos por falta de pruebas.

De los 12 que ahora se enfrentan a apertura de juicio oral por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble, tres son mujeres y dos de ellas acuden a las vistas de la audiencia con sus bebés lactantes.

La audiencia, que comenzó el pasado día 15 después de cinco meses de aplazamientos, debía durar tres días pero ha sufrido continuos retrasos y suspensiones, las últimas por la baja médica de uno de los bebés, a lo que se sumó hoy la indisposición de la jueza.

Los familiares de los acusados y de algunas de las víctimas se manifestaron con billetes pegados en la boca en la puerta de la sala del Palacio de Justicia donde se desarrolla la audiencia para protestar contra la decisión de Ríos de negar el acceso a algunos activistas.

También hubo una manifestación con corte de carretera en Curuguaty, donde unos 350 campesinos protestaron por el dictamen anunciado por la Fiscalía, a la que acusaron de actuar "por plata", según la edición web del diario Ultima Hora. EFE

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