Justicia chilena procesa a altos cargos de DINA por desaparición de opositora

Santiago de Chile, 9 oct (EFE).- La justicia chilena procesó al exjefe de la policía secreta de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, y a tres exagentes de ese organismo represor por el secuestro calificado (desaparición) de una joven militante de izquierda en 1974, informaron hoy fuentes judiciales.

El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos dictó la orden de procesamiento contra el general Manuel Contreras, el coronel Marcelo Moren Brito, el brigadier Miguel Krasnoff y el suboficial Basclay Zapata, todos ellos antiguos integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen.

Están acusados del secuestro y desaparición de María Inés Alvarado Borgel, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que al momento de los hechos tenía 21 años de edad.

Según los antecedentes judiciales del caso, la joven fue detenida el 15 de julio de 1974 por agentes de la DINA mientras caminaba por una calle en Santiago junto a una amiga, que logró escapar.

Fue trasladada a Londres 38, un centro de detención y tortura de la DINA, donde algunos testigos la vieron hasta el 2 de agosto, cuando se le perdió la pista.

El nombre de María Inés Alvarado Borgel apareció también en la llamada Operación Colombo, un montaje organizado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 militantes de izquierda de quienes se dijo que habían muerto en purgas internas.

Para ello, la dictadura contó con la complicidad de algunos medios chilenos que reprodujeron informaciones divulgadas por las revistas Lea, en Argentina, y Novo O'Día, en Brasil, en la que, según se supo después, fue la única edición de ambas publicaciones.

Los cuatro represores implicados en la desaparición de la joven militante del MIR cumplen actualmente condena en la cárcel por otras violaciones de los derechos humanos.

Manuel Contreras, Miguel Krasnoff y Marcelo Moren Brito estaban recluidos hasta hace pocos días en el penal Cordillera, donde los diez presos del recinto contaban con una situación privilegiada.

El presidente Sebastián Piñera ordenó el cierre de la cárcel y el 29 de septiembre pasado los presos fueron trasladados a Punta Peuco, otro recinto especial para violadores de los derechos humanos, donde cumple condena Basclay Zapata. EFE