La CPI descarta crímenes de lesa humanidad en Honduras tras golpe de Estado

Tegucigalpa, 28 nov (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) descartó que en Honduras se hayan cometido crímenes de lesa humanidad tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya, informó hoy la Cancillería del país centroamericano.

En un comunicado, la Cancillería indicó que la Fiscalía de la CPI "después de un análisis cuidadoso de los hechos, ha concluido que no existe una base razonable para creer que los actos atribuidos a las autoridades hondureñas en ese corto período de tiempo, constituyen crímenes de lesa humanidad".

Tras el golpe de Estado algunas organizaciones de derechos humanos no gubernamentales denunciaron violaciones a las garantías individuales, que calificaron como delitos de "lesa humanidad".

El mismo expresidente Zelaya denunció dentro y fuera del país que en Honduras se había cometido ese tipo de crímenes cuando fue sacado abruptamente del poder y del país.

Según algunas organizaciones, más de un centenar de personas fueron asesinadas desde el derrocamiento de Zelaya, quien ahora es coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), fundado tras el golpe de Estado, por el que busca una diputación ante el Parlamento hondureño.

La esposa de Zelaya, Xiomara Castro, por su parte participó como candidata a la Presidencia del país por Libre en las elecciones del pasado domingo, cuyo virtual ganador es el oficialista Juan Orlando Hernández, según los recuentos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El informe de la CPI trata "sobre el estado de los exámenes preliminares correspondiente a 2013" y "contiene una evaluación jurídica de las denuncias presentadas por diferentes ONG de defensa de los derechos humanos sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras" con el golpe de Estado de 2009.

En lo que respecta a la denuncia de violación masiva de los derechos humanos supuestamente originados en los hechos del 28 de junio de 2009, la Fiscalía admite que hubo restricciones a las libertades de movimiento, expresión y asociación, añade el informe.

También hubo "un gran número de detenciones breves", pero esas restricciones, "aún si fueran combinadas con el número reducido de actos más graves, no se puede argumentar que hayan constituido un ataque masivo dirigido contra los opositores al régimen de ese momento", subraya.

Sobre la denuncia de un ataque sistemático del Gobierno contra la oposición, "la Fiscalía concluye que la mayor parte de los actos de violencia, ocurrieron en el contexto de demostraciones públicas y no como parte de un patrón de conducta consistente y organizado del Gobierno contra los oponentes al régimen".

Por esa razón "también resulta difícil caracterizar tales actos como un ataque sistemático dirigido contra la población hondureña", expresa el informe difundido por la Cancillería hondureña.

Según la CPI, también hubo "ausencia de actos constitutivos de un ataque masivo y sistemático contra la población hondureña".

En virtud de eso, "la Fiscalía ha descartado también que los decretos aprobados restringiendo las libertades de movimiento, expresión y asociación o el establecimiento de un gabinete de manejo de la crisis, constituyeran una política de Gobierno destinada a reprimir a la oposición al régimen".

"Igualmente, que las acciones desarrolladas para mantener el control del país, no se pueden considerar que fueron parte de una política preconcebida dirigida contra la oposición al régimen", expresó la CPI.

Sobre los alegatos de persecución, "la Fiscalía ha dicho en su Informe que los mismos no alcanzan el nivel requerido por el Estatuto de Roma y por consiguiente, no existe una base razonable para determinar que hubo tal persecución durante ese período de crisis, ni con posterioridad a la misma", dice el informe.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras indicó además que desde 2010 ha contribuido con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional "con el suministro de información relativa a los actos denunciados, los cuales ha rechazado enfáticamente por no configurar crímenes de lesa humanidad en los términos que prevé el Estatuto de Roma". EFE